Esta puede ser la legislatura del comercio justo y del consumo responsable y sostenible. Así lo creen las y los expertos que se reunieron el pasado 21 de marzo en Madrid para analizar las oportunidades y los retos que plantean varias iniciativas legislativas actualmente en marcha, algunas de las cuales quedaron estancadas en la anterior legislatura.

El Gobierno está preparando una Ley de Consumo Sostenible y una Ley Integral para el Impulso de la Economía Social. Pero los especialistas creen que estas normas deben ir más allá de los mínimos europeos y deberían aprovecharse para promover un comercio en el que importe el valor y no sólo el precio. Es el momento de aprobar medidas que cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente, el objetivo 12, relativo a la “producción y consumo responsables”, en un mundo en el que las formas de consumo influyen, por ejemplo, en el trabajo infantil -160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo- y en la deforestación, que ha arrasado ya 43 millones de hectáreas.

“En España, 9 de cada 10 personas en España está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, y la misma proporción de población exige que se obligue a todas las empresas a reducir sus emisiones de efecto invernadero”, según datos de la encuesta YouGov 2021 y 2023, recordó Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables. “Sin embargo, sólo el 42% de las empresas del IBEX reconoce identificar los riesgos que su actividad tiene sobre los derechos humanos”, añade.

La incoherencia de la Administración española

En 2023, prácticamente todos los partidos incluyeron en sus programas electorales compromisos relacionados con el impulso del consumo responsable. Ahora es el momento de reflejar esos compromisos en el BOE y también de que las instituciones prediquen con el ejemplo, fomentando la Compra Pública Ética en las administraciones. “¿Por qué apenas hay productos de comercio justo en las máquinas de vending de los centros públicos o en los comedores de las escuelas y en los hospitales?”, se pregunta David Comet, politólogo especialista en contratación pública e investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Las compras públicas representan el 14% del PIB de los países de la Unión Europea, por lo que su potencial de influencia es enorme para generar un impacto social y medioambiental positivo.

Por su parte, Jorge Conesa, director de la Fair Trade Advocacy Office, defiende que aunque la nueva normativa europea (la directiva de Diligencia Debida, que todavía debe ser ratificada por el Parlamento Europeo) sólo aplique a las grandes empresas, sus efectos positivos llegarán también a los pequeños proveedores y a los agricultores, que tienen enormes dificultades para sobrevivir por los precios injustos que reciben por sus productos, entre otros motivos. Conesa pide al Gobierno español que siga apoyando la directiva de diligencia debida y dé ejemplo a otros países con su iniciativa de prohibir la compra de alimentos por debajo del coste de producción.

Finalmente, Julie Maisonhaute, representante de Commerce Equitable France, ofreció los datos del país vecino, que ha multiplicado por siete sus ventas en menos de ocho años, pasando a facturar más de 2.000 millones de euros anuales. Protegido por una ley de economía social y solidaria aprobada en 2014, empieza a aplicarse ahora también al comercio local francés.

Este encuentro de especialistas ha sido organizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y con el apoyo de Political Watch.