Conclusiones Jornada Sobre Compra Pública Responsable (Burgos)
«Todo necio confunde valor con precio». Con estas palabras de Antonio Machado, Begoña Fernández, subdirectora general del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, resumió de forma concisa las distintas aportaciones que diversos expertos y de distintos campos participaron en la Jornada sobre Compra Pública Responsable, que acogió el jueves el Foro Solidario de Caja de Burgos.
El 16% del producto interior bruto de la Unión Europea que representa el gasto de los poderes públicos puede tener una valor añadido, ejerciendo una enorme influencia en el mercado y contribuyendo a que el comportamiento más sostenible de las empresas se convierta en una ventaja competitiva.
Cada vez que una autoridad pública adjudica un contrato está produciendo un impacto en el mercado y en el entorno. Debería preocuparnos que, en ocasiones, el efecto directo o indirecto de la contratación pública sea el empleo precario o mal remunerado, la siniestralidad o la desigualdad en las oportunidades para las personas con mayores dificultades de acceso al mismo. “Resulta incongruente que una herramienta capaz de influir significativamente en el comportamiento de las empresas, desaproveche su potencial para introducir criterios sociales en la selección y evaluación de contratistas, ni establezca condiciones en la fase de ejecución del contrato. Por el contrario, con muy poco esfuerzo se consigue transformar un efecto neutro o negativo en un impacto positivo y altamente reconocido”, afirmó Santiago Lesmes, consultor especializado en Contratación Pública Sostenible.
Los expertos y expertas que participaron en la Jornada lo tienen claro. La inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos es una oportunidad para cumplir de un “plumazo” dos de sus objetivos: por un parte, la contratación de obras, servicios y suministros; y, por otra, la aplicación de políticas sociales y medioambientales. Así lo defendió Lesmes, quien además incidió en que “más allá del beneficio social estas prácticas redundan en la eficiencia y eficacia de las acciones públicas”.
Con respecto a la definición de Compra Pública Responsable, los ponentes coincidieron al manifestar, grosso modo, que es: toda como aquella operación de adquisición de carácter público que tiene en cuenta, mediante cláusulas específicas, consideraciones como la promoción del trabajo decente, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, el respeto a los Derechos Humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, la inclusión de criterios de sostenibilidad y comercio justo, entre otras cuestiones.
En este sentido, Lesmes apuntó que las administraciones públicas, de la naturaleza o tamaño que sean, “deben dar ejemplo”. Señaló que no se puede exigir responsabilidad social a las empresas (RSE) “sin ser los primeros en practicarla”. Además, estas actuaciones pueden influir en el resto del mercado y servir “de palanca para el cambio”. Sobre este tema incidió Jesús Ángel Díez, director de Programas de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, que definía estas propuestas como “fuerza tractor que puede hacer avanzar las políticas públicas hacia la coherencia y la consecución de un desarrollo humano sostenible”. “Es un compromiso no sólo con las generaciones presentes, sino además con las futuras”, añadió Javier Hernández, técnico de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Otra de las conclusiones del encuentro celebrado en Burgos fue que la aplicación de estas políticas no implica un coste para la administración, sino todo lo contrario. Además de conseguir la ejecución técnicamente correcta de una obra o un servicio, con su aplicación se obtiene resultados muy positivos con los objetivos sociales que promueven estas cláusulas.
En cuanto a la legislación, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público señala en su exposición de motivos la posibilidad de incluir criterios sociales: “las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y ambiental”.
También la Comisión Europea, a través de la Comunicación Interpretativa de 15 de octubre de 2001, deja bien claro que “La primera ocasión de integrar aspectos sociales en un contrato público se presenta … en el momento de la elección del objeto del contrato … en esta fase los poderes adjudicadores gozan de una buena oportunidad para tener en cuenta los aspectos sociales y escoger un producto o servicio que se corresponda con sus objetivos sociales”.
En este sentido, ya el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de mayo de 1997 indicó: «La administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público».
Antoni Galiano, director jurídico de la Gerencia de Servicios generales del Ayuntamiento de Barcelona, recordó que para la implementación de estas medidas es necesario que se manifiesten de manera simultánea tres vectores: “la voluntad política, los conocimientos técnicos y la presión social”. La voluntad política debe partir de un acuerdo de pleno o, como en el caso del Ayuntamiento de Avilés, como explicó Joaquín Gómez, mediante una Instrucción Municipal, y “ser desarrollado mediante un plan consensuado con los distintos agentes” y dotado económicamente. Ambos ponentes resaltaron que el papel del personal técnico debe ser reforzado mediante cursos e intercambios de experiencias, sin olvidar la fundamental labor que desempeñan secretarios en interventores en las administraciones locales. “La movilización ciudadana es la que, desde las asociaciones y desde las personas individuales, tiene que empujar y poner en valor la aplicación de estas políticas”, reiteró Galiano.
Por su parte, David Comet, director del departamento de Compra Responsable de la organización IDEAS, detalló las características del mercado del comercio justo y las posibilidades de inclusión de estos productos en los servicios públicos (máquinas de café, azúcar, artesanía…); Inmaculada Santana, técnica del departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, única Ciudad por el Comercio Justo en el Estado español, relató las distintas actividades de formación, promoción y sensibilización llevadas a cabo en distintos ámbitos.
Para finalizar, en las distintas mesas programadas se abordaron los componentes medioambientales de la Compra Pública Responsable. Los encargados fueron el director de Programas de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León; Marco Bianchi, responsable del Área de Compra Pública Sostenible de Bakeaz; y Javier Hernández, director técnico de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.