Se acerca el final de año y, con él, el momento de hacer balances, tanto personales como empresariales. Pronto empezaremos a leer titulares con los millones de beneficios que las grandes corporaciones han obtenido, probablemente superiores a los del año anterior.

Las familias sufren para poder costearse la lista de la compra, la factura de la luz o la subida de las hipotecas –aquellas que se habían atrevido a apostar por una propiedad–, pero las empresas siguen ganando más y más.

Según el Banco de España, el cierre de 2022 se llevó a cabo con un incremento del 91,3% del resultado ordinario neto respecto a 2021 –fue un año récord–. Este 2023 no hay motivos para esperar ningún giro de guion, ya que en el contexto inflacionario actual que dificulta el día a día de la ciudadanía, después del cierre del tercer trimestre se anunció que seguía el auge de sus ganancias, especialmente en el sector turístico y el bancario. Un incremento imparable: ¿a costa de qué y de quién? Todas sabemos la respuesta.

Precisamente, hace justo un año, pusimos el foco en los principales bancos estatales del IBEX 35 a través de la campaña Verd o Fals, una iniciativa impulsada por FETS, Justicia Alimentaria, ODG, Opcions y LaCoordi para señalar las estrategias de greenwashing que BBVA, Santander o CaixaBank llevaban a cabo. A partir de un análisis realizado por La Marea, pudimos comparar las técnicas de marketing que utilizaban para maquillar (o esconder, directamente) el impacto de sus estrategias de inversión.

Así pudimos ver cómo Ana Botín, por ejemplo, viajaba a Groenlandia para comprobar los efectos del calentamiento global y mostraba la preocupación del Banco Santander por esta situación, aunque la entidad había aumentado un 500% su inversión en proyectos de perforación del Ártico desde el acuerdo de París. Por su parte, el BBVA destacaba en su web el compromiso de llegar a ser neutro en emisiones de carbono en 2050, a pesar de haber invertido en los últimos años 10.803 millones de dólares en proyectos para la expansión del gas y el petróleo. Y no olvidemos a CaixaBank, que declaraba, también en su web, acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono pero en paralelo era la responsable de la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2 en vuelos.

En la banca y en la alimentación (sector al que también dedicamos parte del análisis), encontramos decenas de informes de sostenibilidad financiados para que les sean favorables, campañas publicitarias con predominio del color verde e imágenes de la naturaleza, el uso y abuso de palabras como «sostenible» o «responsable» o información poco rigurosa. Estos son solo algunos de sus trucos para distraernos mientras siguen especulando con los derechos básicos de las personas y del planeta, perjudicando el clima y destrozando el territorio, especialmente en los países del Sur global.

Los beneficios de la economía solidaria
A menudo decimos que uno de los deberes de las consumidoras es mantenernos informadas, pero si no podemos fiarnos de la información que circula (las grandes empresas tienen unos grandes aliados, los medios de comunicación convencionales, para difundir sus mensajes), ¿qué opciones nos quedan?

Ante todo, no tirar la toalla y mantener la coherencia con nuestros valores. Y para ello, girar la mirada hacia la economía solidaria, que también hace balances pero, a diferencia de las grandes empresas, sus buenos resultados revierten en la ciudadanía de a pie.

Hace unos días se hicieron públicos los resultados del informe de la Auditoría/Balance Social 2023 de REAS Red de Redes, que incluyen la actividad de 641 entidades y empresas que implican 272.089 personas (19.935 trabajadoras, 33.195 voluntarias y 216.576 asociadas), y que han ingresado alrededor de 799 millones de euros.

Una vez más, no es solo lo que ha conseguido la economía solidaria lo que nos llena de optimismo, sino el cómo. Primero, colocando las personas en el centro e impulsando el trabajo digno con mirada feminista: un 65% de las entidades tienen medidas que mejoran la ley de conciliación y un 80% promueve espacios de atención emocional y cuidado; un 65% de mujeres tienen puestos de responsabilidad y un 54%, puestos políticos –frente al 33,7% de las empresas del IBEX35-, y el 64,4% tiene protocolos para la prevención y el abordaje del acoso sexual.

En cuanto al cuidado de planeta, un 97% de las entidades siguen criterios de consumo responsable en la adquisición de bienes y servicios, un 74% reducen o compensan su huella ecológica y un 53% usan energía 100% renovable. Además, todas ellas no solo minimizan sus impactos negativos (ya que es imposible eliminarlos por completo, como en cualquier actividad humana), sino que aspiran a impactar positivamente en el medio ambiente, y en la sociedad.

¿Y qué pasa con los beneficios? Puesto que la economía solidaria no juega sucio e intenta poner en práctica aquello que predica, no se contemplan cifras estratosféricas como en las grandes corporaciones, pero eso no quiere decir que no haya beneficios. En este punto, la cuestión es a qué se destinan: un 66% a reservas, compensación de perdidas o inversiones propias de la entidad; un 13% a causas sociales y un 4% a inversiones a entidades financieras de la economía solidaria, que permitirán poner en marcha otros proyectos con valores afines.

Ya hace mucho que es posible cubrir la mayor parte de nuestras necesidades diarias dentro del mercado social, que actualmente abarca un amplio catálogo de productos y servicios. Hoy por hoy, predomina el sector de la educación, seguido de la salud y los cuidados, el asesoramiento, la vivienda y la gestión del entorno, y finalmente encontramos la cultura, la alimentación y la comunicación.

El resumen de cifras del informe nos muestran cómo las iniciativas de economía solidaria nos benefician a todas en ámbitos muy diversos, y no se centran en acumular ganancias a nuestra costa. Aun así, la herramienta de Auditoría/Balance Social busca incentivar la mejora continua y siempre hay margen de hacerlo mejor: necesitamos que muchas de las cifras anteriores se conviertan en un 100% (todavía más conciliación, más feminismo, más compromiso ambiental); necesitamos más proyectos agrícolas si aspiramos a la soberanía alimentaria que nos aleje de la agro-industria (un reto muy complejo, teniendo en cuenta las las numerosas dificultades que afronta el campesinado); necesitamos más consumo en el marco del mercado social y más ahorros en las finanzas éticas para seguir impulsando el ecosistema (el barómetro 2023 nos habla de 2.590 millones de euros, de los cuales 1.900 se han destinado a proyectos transformadores).

Los objetivos están sobre la mesa: tenemos todo el 2024 para avanzar hacia ellos.

Fuente: La Marea