33 organizaciones sociales, entre ellas Fair Trade Advocacy Office, Clean Clothes Campaign y Fairtrade International, y sindicatos han firmado y enviado una Carta Abierta dirigida a los eurodiputados y eurodiputadas que están trabajando en las negociaciones sobre la regulación del Reglamento sobre trabajo forzoso.

En ella exponen las cuestiones clave que deberían tenerse en cuenta para que el futuro Reglamento sobre el trabajo forzoso de la UE sea lo más ambicioso posible.

Las demandas principales se refieren a estos aspectos:

– Necesidad de reparación: Es necesario que el reglamento incluya la garantía de que los trabajadores/as que hayan sufrido trabajo forzoso tengan una reparación

– El trabajo forzoso impuesto por un Estado: debe tener una regulación diferenciada, e incorporar la necesidad de investigación acerca de estos casos para poder abordarlos con eficacia. Además, las organizaciones solicitan que el Reglamento pueda tomar decisiones de prohibir los casos de trabajo forzoso no solo en productos aislados sino en categorías de productos de empresas o sectores en lao que el trabajo forzoso esté muy extendido o sea impuesto por el Estado.

–  La ventanilla única para la recepción de denuncias debería estar abierta a personas físicas o jurídicas de la UE y de fuera de la misma. Como mínimo, se debe garantizar que los trabajadores o trabajadoras sometidos a trabajo forzoso y sus representantes de fuera de la UE puedan participar y acceder a la información de los procedimientos para garantizar su participación efectiva a lo largo de todo el proceso de investigación.

– Transparencia: el Reglamento debe lograr un mayor equilibrio entre la confidencialidad comercial, el respeto al proceso para las empresas investigadas, el derecho a la información de los denunciantes, la necesidad de salvaguardar a las víctimas y supervivientes de represalias y el interés público. En este sentido, el reglamento debería permitir la publicación de todos los procedimientos y decisiones, evitando la información identificable de las víctimas, para minimizar los riesgos de represalias.

– Régimen probatorio adaptado al trabajo forzoso: Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han propuesto un alto nivel de pruebas para iniciar una investigación. El nivel de prueba para iniciar una investigación debería rebajarse a la definición e «preocupación justificada» propuesta por el Consejo para tener en cuenta las dificultades probatorias que experimentan las víctimas del trabajo forzoso, que no tienen acceso a toda la documentación y las pruebas pertinentes que pueden ser necesarias durante la investigación.