Comercio Justo

El Comercio Justo ante el cambio climático

Un manifiesto firmado por las principales organizaciones mundiales del Comercio Justo exige que se reconozcan las consecuencias sociales y humanas del cambio climático.

3 noviembre 2021

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A pocos días del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP-26 en Glasgow, las principales organizaciones de Comercio Justo a nivel internacional han emitido un manifiesto (ingléscastellano) en el que, entre otras medidas, exigen que en las negociaciones se reconozca que la dimensión social y humana del cambio climático. Las entidades señalan que el cambio climático no es justo, impacta en mayor medida en las poblaciones rurales que viven de la agricultura y que ya de por sí viven en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Ante ello, alertan de que es necesario romper el círculo vicioso de pobreza y degradación ambiental para avanzar en los objetivos climáticos.

Bajo el título “Placing fairness at the heart of climate ambitions (Poner la igualdad en el centro de las ambiciones climáticas) el manifiesto destaca que las pequeñas organizaciones agrícolas, que producen el 70% de la alimentación mundial, deben ser parte de la solución al cambio climático. Sus preocupaciones y propuestas deben ser escuchadas en la COP-26. Garantizar unos precios y salarios dignos y unas condiciones comerciales justas para quienes se dedican a la agricultura es un paso fundamental para avanzar en la sostenibilidad ya que los cambios en el clima perjudican sus ya bajos ingresos lo que les dificulta la inversión en modelos de producción sostenible, todo ello retroalimenta la degradación ambiental y la pobreza.

“Hasta que no se reconozca debidamente la dimensión social del cambio climático y se aborde con seriedad , apenas se avanzará en los objetivos climáticos”, señala el manifiesto.

El documento también destaca que, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Iniciativa de Política Climática de la ONU, menos del 2% de la financiación climática llega a las pequeñas organizaciones agrícolas. En este sentido, las organizaciones de Comercio Justo apoyan los llamamientos internacionales para que los países ricos cumplan su promesa de aportar 100.000 millones de dólares de ayuda para luchar contra el cambio climático. Además, piden que los criterios de adjudicación de los mecanismos financieros, como el Fondo Verde para el Clima, faciliten a las pequeñas organizaciones agrícolas poder acceder a ellos y puedan desarrollar sistemas productivos con menor impacto ambiental.

No podemos esperar –y no es justo esperar- que los productores/as y trabajadores/as agrícolas absorban por sí solos todos los costes de adaptación al cambio climático. Es una cuestión de justicia climática”, apunta el manifiesto que recuerda que las poblaciones rurales son quienes menos han contribuido al cambio climático pero quienes más lo sufren.

Otra de las demandas expuestas por las organizaciones de Comercio Justo a los gobiernos y representantes reunidos en la COP-26 es la exigencia de una mayor transparencia a las grandes empresas en cuanto a sus compromisos de sostenibilidad y de garantizar medios de vida dignos a los trabajadores/as. En este aspecto, el movimiento de Comercio Justo se muestra a favor de que las grandes empresas estén obligadas a publicar su huella de carbono completa, de principio a fin de la cadena de producción. Asimismo pide a los Estados que pongan en marcha políticas públicas y medidas que favorezcan los esfuerzos positivos que hagan las empresas en este sentido.

El manifiesto reconoce la importancia de avanzar en las legislaciones llamadas de “debida diligencia” que se están desarrollando en la Unión Europea y en diferentes países que permitan penalizar a las empresas que no cumplan con las regulaciones climáticas, y que garanticen a las personas afectadas sus derechos y el acceso a recursos legales para denunciarlos.

Por último, las entidades de Comercio Justo demandan que la política comercial global, y por tanto los acuerdos comerciales entre regiones y/o países establezcan como requisitos vinculantes el cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas y un compromiso firme con los Acuerdos de París y los Derechos Humanos.

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