El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, presidía el pasado 27 de marzo en Madrid el Consejo de Fomento de la Economía Social, que ha analizado las mejoras y avances que se están llevando a cabo en el sector.

“La Economía Social está viviendo un momento crucial para su desarrollo. El empuje que está recibiendo con, entre otros, el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, está sirviendo para visibilizar y asentar un modelo económico eficiente y de fuerte impacto social. Necesitamos esa forma de entender la economía para afrontar la transición ecológica y digital, así como para seguir atendiendo a las necesidades de las personas, ya vivan en entornos urbanos o rurales”, ha asegurado Pérez Rey en la reunión.

En el Consejo de Fomento de la Economía Social, un órgano consultivo que reúne a representantes de las Comunidades Autónomas, de diferentes ministerios, expertos en la materia, de organizaciones sindicales y las principales entidades del sector, se ha abordado el anteproyecto de Ley Integral para el Impulso de la Economía Social, que pretende actualizar el marco normativo del sector, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales. La normativa que en el futuro regulará la Economía Social, y cuyo anteproyecto de ley está desarrollando el Ministerio de Trabajo, abarcará todo el sector integrando la ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, la ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

Asimismo, la ciudad de Valencia ha formalizado su candidatura para ser la próxima capital de la Economía Social en 2024, un título que ostenta actualmente la ciudad de Donostia y en años anteriores Santiago de Compostela, Teruel y Toledo. La candidatura valenciana cuenta con un sólido apoyo institucional.

En el plano internacional, el Consejo, que comenzó a reunirse el año pasado tras más de una década en el ostracismo, también ha analizado la propuesta de resolución de la ONU, que España impulsa centrada en Economía Social. De ser aprobada, sería la primera vez que este modelo productivo recibe el espaldarazo de la organización internacional.

Los asistentes al Consejo han respaldado la iniciativa, así como que la economía social sea una de las prioridades estratégicas de la presidencia española de la UE, que se celebrará el segundo semestre de 2023. “Tenemos una gran oportunidad de constituir a nuestro país en referente internacional de la Economía Social”, ha asegurado Pérez Rey.

Integrada por cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, cofradías de pescadores y fundaciones, la economía social cuenta con un enorme potencial de innovación y pone el trabajo decente en el centro. En España ya constituye un sector asentado en la estructura productiva del país. Está conformado por más de 43.000 empresas que dan trabajo directa o indirectamente a alrededor de 2,3 millones de personas y actualmente supone en torno al 10% del PIB nacional.