Artículo de Marina Berga, Ramon Campa y  Valentín Valencia Técnicos de economía social de Colectivo Ronda

Cumplidos ya diez años de la Ley de Economía Social que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad es buen momento para reflexionar sobre la articulación de este marco legal y sobre los retos pendientes dentro de un sector que en los últimos años ha crecido, ha madurado y ha superado varias crisis, incluso una pandemia, mostrando su enorme flexibilidad y resiliencia. Dos características que a menudo van por delante de toda regulación, sobre todo cuando esta debe incluir la diversidad del sector y al mismo tiempo, o así lo creemos nosotros, proteger sus formas más genuinas: las que han gobernado y guiado el cooperativismo.

Precisamente, este es uno de los miedos que con frecuencia nos asalta a los que hace años estamos trabajando para y asesorando en pro de los colectivos de economía social: que las normas sean más un corsé que una ayuda y que no haya la suficiente escucha previa que permita una definición apropiada de los marcos. Y es que transcurridos estos diez años vemos ya como al Ley debe adaptarse si quiere acoger el enorme potencial de un sector que se transforma a toda velocidad y que requiere agilidad administrativa y burocrática ante nuevos formatos surgidos por las propias dinámicas de vida (un ejemplo de ello, las cooperativas de vivienda y sus múltiples formas de gestión y definición).

Así pues, podemos decir que los beneficios de la Ley hasta ahora pasan, básicamente (y que no es poco), por haber dado visibilidad al sector mediante el “sello” o “etiqueta” que pretendía definir quien podía formar parte de él, des de una perspectiva jurídica y también económica. Es aquí donde creemos que con el afán de abarcar un sector amplio no se han puesto los límites necesarios para evitar que algunos de los agentes que nunca han respondido a los valores de la economía social hayan podido acceder dentro de este marco. Las leyes deben marcar principios (de entendimiento y de regulación) pero también y quizá más importante, unas líneas rojas que pongan freno a la validación de empresas que pueden tensionar el sector (estamos hablando de las “falsas” cooperativas o de algunas fundaciones bajo sospecha).

Es por ello que creemos que el marco jurídico de la Ley debe sobretodo poner (o devolver) su acento sobre el funcionamiento democrático, equitativo y horizontal que siempre ha acompañado al cooperativismo. Los valores de la actividad por delante de la posible incidencia económica. El cooperativismo es una de las herramientas más potentes en su forma jurídica y de relaciones laborales. Y así lo hemos defendido siempre. Formas como decíamos genuinas que no sólo no deben perderse, sino que han demostrado ser las más resistentes en momentos difíciles. Las experiencias de reconversión o transformación vía cooperativa de trabajo de negocios mercantiles a punto de quebrar muestran un potencial que crece día a día y lo hace precisamente bajo estos valores. Pero aquí si que se requiere la ayuda y aportación de un marco legal y administrativo que potencie dicha reconversión. Esto y las posibles políticas activas a pequeña y gran escala para favorecer la implementación del modelo como opción laboral y de emprendimiento con futuro.

En Cataluña, con una amplia tradición del sector, han aparecido los llamados Ateneos Cooperativos, impulsados desde el gobierno catalán para difundir el conocimiento del sector y poder ampliar la capa social que conoce o pueda conocer los proyectos que se mueven dentro de la economía social y solidaria. Son pequeños avances que celebramos si se acompañan siempre de un sector público (ahora mismo se está debatiendo la Ley autonómica de Economía Social) que sea sensible a los procesos que se mueven desde la base (esa capacidad de escucha) y a la experiencia ya alcanzada de años que permite sentar las bases de un recorrido que nunca debe ser intervencionista por parte de la administración (para no caer en la dependencia de contrataciones y subvenciones que a menudo deja al sector con inercias y dinámicas poco saludables). Tener a un lado una administración ágil y sensible y por el otro un marco jurídico protector podría ser una suma perfecta.

El camino hace tiempo que está abierto. Y la norma debe tener muy claro que el objetivo que persigue es siempre resolver y ayudar. Solo (le) pedimos esto.