Tuvo lugar el pasado miércoles, 22 de noviembre, la presentación pública del Informe “La Economía Social y Solidaria en el Estado. Proceso de Auditoría Social 2023” en el Ayuntamiento de San Sebastián y en el marco de la Capital Española de la Economía Social 2023, en un evento que ha contado con la participación de agentes clave a nivel institucional, económico y social de la Economía Social y Solidaria.

Este informe, que se realiza por noveno año consecutivo, recoge los principales resultados de empresas de la Economía Social y Solidaria, que presentan así sus valores y principios, “poniendo en valor su gestión coherente e incidiendo de este modo en la transformación social a través de esta otra forma de hacer economía”, como defendió Susana Ortega, consejera de REAS Red de Redes en el acto de presentación. Un año más, se dan a conocer con este documento las prácticas de estas empresas en materia de equidad, trabajo digno, cooperación, compromiso con el entorno, reparto justo de la riqueza y sostenibilidad ambiental, midiendo su grado de coherencia y aplicación, en un ejercicio de transparencia del que son referente a nivel estatal e internacional.

La  directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de Empresas, Maravillas Espín, puso de manifiesto este reconocimiento institucional durante el acto, donde puso en valor este ejercicio de transparencia así como la actividad general de la Economía Social y Solidaria y sus contribuciones a la Agenda 2030. Espín, recalcó así “el momento esencial” que este momento está viviendo y reiteró su compromiso y apoyo para con este proceso.  Por su parte, Alfredo Ispizua, de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco, valoró el interés que para las administraciones tienen esta evaluación del impacto, “por el significado social que tiene para la ciudadanía”. Ispizua calificó esta práctica de transparencia como “un avance definitivo en la superación del binomio ‘objetivo sostenibilidad’ frente al ‘objetivo de rentabilidad’, un hecho poco común fuera de la Economía Social y Solidaria”.

Un modelo que se consolida

Los resultados del informe confirman la consolidación de esta herramienta de medición del impacto social y medioambiental que crece año tras año, tanto respecto al número de entidades que lo realizan, como en los propios resultados que presentan. Este año han participado cerca de 650 empresas que aglutinan a casi 300.000 personas y mueven unos 800 millones de euros.  Algunos de los datos agregados a nivel estatal que destacan en de estas empresas son los siguientes:

• Equidad: la diferencia salarial es de 1/1,78 entre el salario más alto y más bajo de entre todas las personas trabajadoras; hay un 65% de mujeres en puestos de responsabilidad y un 98% de entidades utilizan un lenguaje no sexista.
• Trabajo digno: un 65% de las empresas mejora los permisos legales de conciliación; un 80% genera espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras y el 64% poseen un reglamento interno de gestión de relaciones laborales.
• Sostenibilidad ecológica: el 97% de las organizaciones aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de productos; un 74% toman medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica en la actividad económica y el 53% usa energía 100% renovable.
• Cooperación y compromiso con el entorno: el 94% de las empresas intercoopera dentro de su mismo sector; el 67% operan con finanzas éticas y un 9,6% realiza sus compras dentro de la Economía Social y Solidaria.
• Reparto justo de la riqueza: El 55% de los ingresos procede de facturación frente a un 36% que proviene de subvenciones. Respecto al reparto de beneficios, el 66% se destina a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias, 13% a iniciativas para la construcción de bienes comunes y un 4% a inversiones de entidades financieras de la ESS.

Se confirma así el panorama de años anteriores que muestra como la Economía Social y Solidaria  promueve un trabajo de calidad, reduciendo la brecha salarial y abriendo oportunidades a la participación y la toma de decisiones de las personas trabajadoras. Así mismo, se mantiene la firme apuesta por la igualdad de género, promoviendo la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres con políticas inclusivas y por la corresponsabilidad, que mejoran, por ejemplo, los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación. Estos resultados revelan también una importante preocupación ambiental como de deduce de la amplia apuesta por una gestión ambiental, por la toma medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica de su actividad así como por el uso mayoritario de energía renovable y la aplicación de criterios de consumo responsable las compras.  La apuesta por las finanzas éticas y el destino social de los beneficios demuestra, así mismo, el fuerte compromiso con el entorno de estas empresas.

Como años anteriores, el informe general es complementado con un informe con perspectiva de género y otro que analiza las prácticas de intercooperación y consumo interno en la red de producción y consumo que se articula entorno a la propuesta de mercado social.

Tras la presentación de los resultados, tuvo lugar la mesa de buenas prácticas en el territorio, donde Zaloa Pérez Hernandorena, Responsable de feminismos de REAS Euskadi, contó el trabajo que han estado llevando a cabo en pro de una política laboral feminista, que desde 2022 les lleva, junto a otras organizaciones, a buscar los rasgos diferenciales que tendría una política laboral desde una perspectiva feminista que incorporara los valores de la economía solidaria. Algunos de los principios que se deducen de este proceso es la firme apuesta por la corresponsabilidad en el marcos de las organizaciones de la ESS así como la importancia de resignificar el empleo y de redistribuir la riqueza y el poder, generando espacios libres de violencia, fortaleciendo las dinámicas de colaboración e intercooperación y una identidad feminista y anticapitalista.

Por su parte, Amaia Naveda Sáenz de Ugarte, responsable de Auditoría Social de REAS Euskadi, nos habló del proceso hacia un sello de garantía del territorio, un nuevo paso en la consolidación de la identidad de la red que busca así motivar la puesta en marcha de mejoras en las entidades y contribuir a la definición del amplio espectro de la Economía Social y Solidaria. 

La Economía Social y Solidaria ESS Garantía

Con casi una década de trayectoria, esta herramienta se ha erigido como referente de garantía del buen hacer empresarial, clave para discriminar “entre tanto green-pink-social washing que impera en nuestras sociedades”, como defendía Ortega en el acto. “Gracias a este informe  podemos decir que la Economía Social y Solidaria es garantía para la ciudadanía consciente, como también para las Administraciones Públicas y los agentes sociales y empresariales que pueden así hacer de su consumo una herramienta de transformación social”, en una clara referencia a la campaña de este año, que con el lema #ESSGarantía, pone el acento en la utilidad de estos resultados para poder llevar a cambio un consumo responsable y consciente.

Este año se pone así el foco en el poder de transformación de las personas consumidoras para censurar así empresas relacionadas con la industria de armamento, responsables del deterioro ambiental y el cambio climático o cuyas políticas laborales sustentan procesos de explotación , especialmente en mujeres o países del Sur Global. Por ello estos datos son presentados en el marco del Black Friday, fecha emblemática del consumismo irracional al que invitan las empresas capitalista. Ante esto, las prácticas responsables y sostenibles de las de la ESS ofrecen a la ciudadanía  la posibilidad de resolver las necesidades cotidianas a partir de una amplia gama de productos y servicios, pero haciéndolo con la conciencia tranquila, por la garantía que prácticas de transparencia como éstas ofrecen para un consumo responsable y sostenible.