Reducir la brecha de género. Ese es uno de los objetivos de REAS (Red de redes de economía alternativa y solidaria), que ayer presentó su auditoría y balance social para 2019. Según los datos, 235.098 personas estuvieron implicadas en el funcionamiento de redes de economía solidaria el año pasado, de forma asalariada, voluntaria o asociada. Es el quinto año que presentan este balance social, en el que han contado con los datos de 530 entidades.

«Estamos en la brecha» es la campaña que desde REAS se ha lanzado para hacer ver que desde este sector económico se van reduciendo las desigualdades que se presentan en los entornos laborales tradicionalmente. El informe de equidad revela que en el sector de la economía social el 60% de las mujeres tienen cargos de responsabilidad. Uno de los pilares básicos para ello son las medidas de conciliación, que aplican un 74,72% de las entidades encuestadas.

«Existen zonas de cuidados infantiles junto o en el propio espacio de trabajo, cofinanciamos los viajes laborales con bebé y persona cuidadora de apoyo, se dan días de permiso para el cuidado de miembros de la familia extensa, planificamos la jornada laboral de forma respetuosa con el tiempo personal y de cuidados y también tenemos la medida de reducción de la jornada laboral sin reducción de salario», cuenta María Atienza, de la Comisión Estatal de feminismos de REAS.

Desde MARES, el programa de economía social y solidaria que se llevó a cabo en el ayuntamiento de Madrid de 2016 a 2019 y que el equipo de José Luis Martínez-Almeida se negó el mes pasado a continuar, hicieron una guía de análisis de prácticas de corresponsabilidad, entre las que se incluyen las mencionadas. En la carta de principios de la economía solidaria se destaca que «sin la aportación del trabajo llevado a cabo en el ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente realizado por las mujeres, nuestra sociedad no podría sostenerse». De las mujeres contratadas en economía social, un 63% lo está a tiempo completo, según este balance social.

En el apartado salarial, las empresas revelan que el salario medio bruto por hora trabajada es de entre 9 y 13 euros, intentando primar la igualdad retributiva en el caso de las mujeres. Se pone atención también al uso de lenguaje no sexista, con la introducción de lenguaje inclusivo en la documentación y también en el ámbito verbal. Otras prácticas, destinadas a la buena gestión medioambiental de los recursos, son el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, contratar empresas de energía renovable, reducción de residuos y reciclaje.

Una de las redes que integran REAS es el Mercado Social, en la que varias empresas se unen para sustentar una red de producción, distribución y consumo en la que se intenta primar criterios como la sostenibilidad medioambiental, la horizontalidad o el uso de software libre. Está presente en varios lugares como Madrid, Aragón, Catalunya o Andalucía. Se pueden encontrar desde acompañamientos, agroturismo responsable, servicios de ahorro y eficiencia energética o servicios financieros y de alimentación.

La incorporación de espacios de atención emocional y cuidados, medida implantada por el 64,15% de las entidades, es otro de los puntos básicos de estas empresas, que son mayormente cooperativas, pero también asociaciones, fundaciones o sociedades de responsabilidad limitada. En este ámbito es importante la gestión del estrés laboral, por ejemplo. «Vemos que se van incorporando acuerdos sobre el horario y uso de los sistemas de mensajería y teléfonos móviles personales», revela Atienza. La desconexión tecnológica en horario no laboral es un tema en el que REAS quiere profundizar.

Cada vez más administraciones públicas apuestan por la economía social y solidaria, como muestra la Estrategia para la Economía Social 2017-2020 y la inclusión de este tema en los programas electorales de varios partidos políticos.

Fuente: El Salto Diario