Sobre el acuerdo, la portavoz del Sindicat explicó que uno de los puntos centrales es la figura del afiliado-colaborador. Todas las socias de la cooperativa se contarán, a partir de ahora, como miembros del Sindicat. Este aumento de la representación permitirá al sindicato tener más fuerza ante organizaciones de propietarios e instituciones, a la vez que fomentará la afiliación entre los cooperativistas. Este modelo de colaboración encaja en la línea del Sindicat de transformar conflictos individuales en conflictos colectivos, organizando a inquilinas por bloques o para estar sujetos a una misma propiedad. “Uno de los primeros hitos que nos podemos proponer a partir de hoy es estudiar la viabilidad para que estos bloques que ahora mismo están en lucha contra un aumento de precio, puedan llevar la lucha un paso más allá y se encaminen a cooperativizar su bloque”, aclamó.

Yabel Pérez, miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic, presentó la cooperativa a las afiliadas del Sindicat. Con más de 1300 socias, 170 ya en convivencia y cerca de 400 viviendas en marcha durante los próximos años, hizo valer la autoorganización en base a la propiedad colectiva como alternativa al mercado privado, pero también a las carencias de la administración, a la hora de garantizar el derecho a la vivienda. Que la gestión de los activos inmobiliarios esté en manos de sus propios usuarios, es la manera más eficaz de evitar la especulación y priorizar los intereses de la comunidad. También añadió que el trabajo de la cooperativa va más allá de hacer viviendas: “se trata de construir comunidades de apoyo mutuo en red con los barrios y el entorno que los rodea; al levantar viviendas de bajo impacto ambiental y resilientes al cambio climático, con proyectos de movilidad sostenible compartida y de consumo consciente”. Es en esta lógica, explica, que desde la cooperativa apuestan por fortalecer las alianzas con el movimiento por el derecho a la vivienda.

Las presentaciones de las dos entidades dieron pie a la ponencia de Lorenzo Vidal, investigador en políticas públicas de la UNED y experto en cooperativismo de vivienda, quien introdujo el debate sobre qué pueden aportarse mutuamente cooperativismo y derecho en la vivienda según diferentes experiencias internacionales de larga trayectoria.

La primera idea que, según Vidal, hay que compartir entre los dos movimientos es el horizonte de dejar de ser inquilino. Sin este horizonte, el sindicalismo se puede acabar convirtiendo a ser meras organizaciones defensivas y corporativistas. Hay que construir nuevos imaginarios para borrar la propiedad inmobiliaria del horizonte aspiracional del inquilino. En este sentido, el cooperativismo puede aportar al sindicalismo su experiencia al construir infraestructuras de propiedad colectiva y gestión popular. Puso como ejemplo el movimiento cooperativista de Uruguay, que durante la dictadura fue clave para levantar espacios de resistencia en los espacios comunitarios de sus viviendas.

Por otro lado, es necesario que el sindicalismo impregne al cooperativismo su cultura y práctica militante “en un contexto en el que las relaciones dominantes son las del mercado y la propiedad”. Y volvió a poner de ejemplo Uruguay, donde los cooperativistas durante su larga trayectoria han desarrollado todo un repertorio de protesta, desde las ocupaciones de tierras hasta las huelgas de pago de intereses abusivos, porque las administraciones cedieron recursos públicos a las cooperativas para facilitar su asequibilidad y acceso a la población de bajos ingresos. Otra contribución muy importante que puede hacer el sindicalismo al cooperativismo es reforzar “la subjetividad como usuarios de vivienda” y evitar que la balanza se incline hacia algo pareciendo a ser comunidades de propietarios, por muy colectiva que esta sea. La experiencia, sobre todo en países nórdicos, demuestra que muchas veces los cooperativistas acaban tratando el patrimonio cooperativo como exclusivamente suyo y no como un patrimonio común donde el resto de la sociedad tiene derecho a no ser excluida.

Más allá de Uruguay, Vidal puso también Dinamarca como referente, donde en poco menos de 30 años el 30% del stock total de viviendas de una capital como Copenhague pasó a ser cooperativas “sin necesidad de levantar un movimiento revolucionario”. Esto fue gracias a una agenda política de medidas compartidas entre movimiento por el derecho a la vivienda y el cooperativismo, que hizo que el rentismo de los propietarios les saliera a cuenta y se desprendieran de sus propiedades a un precio asequible: fuerte regulación de los precios, presión para rehabilitar inmuebles, derecho de tanteo a inquilinos de bloque, etc. De acuerdo con esta experiencia, en Cataluña “hace falta que el cooperativismo se haga suyas las reivindicaciones del sindicalismo como la regulación de los alquileres, no como solidaridad con el movimiento, sino por interés propio compartido” y también ser conscientes de que la nueva construcción es una vía limitada para expandir el modelo de cesión de uso. Hay que ampliar el derecho a tanteo y retracto para rehabilitar propiedades privadas en desuso y prohibir la división horizontal de la propiedad.

Posteriormente, estas y otras vías se compartieron y se profundizó en ellas en un corto pero intenso debate, donde cooperativistas y sindicalistas dejaron constancia de un incipiente entusiasmo en las nuevas oportunidades que abría esta nueva alianza en el ámbito de la vivienda. A pesar de esto, todavía hay desafíos que superar, como por ejemplo, la necesidad de más apoyo y reconocimiento público para garantizar la asequibilidad de la vivienda cooperativa asequible a amplias capas de la población. En todo caso, la primera piedra de una nueva cultura por el derecho a la vivienda ya está levantada.