• El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa concede el mayor financiamiento europeo otorgado jamás a una cooperativa española para construir más de 350 viviendas cooperativas, todas en suelo público municipal y con apoyo de la Generalitat de Cataluña.
• Las nuevas viviendas ofrecerán estabilidad a las socias con cuotas accesibles y se construirán en edificios de alta eficiencia energética.
• Sostre Cívic lidera la expansión de la vivienda cooperativa en Cataluña con la gestión de un parque de más de 550 viviendas.

El pasado 4 de noviembre, en Bloc4BCN del barrio de Sants, Sostre Cívic anunciaba la obtención del mayor financiamiento europeo concedido hasta ahora a una cooperativa catalana: un crédito de 31 millones de euros del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). El acto, convocado por la cooperativa, ha contado con la presencia de María Sigüenza responsable de país del CEB en España, y diferentes cargos políticos de ayuntamientos y la Generalitat, peses a ausencias de última hora, como la de la consejera Sílvia Paneque y el alcalde de Lleida Fèlix Larrosa, debido a la gestión y problemas de movilidad provocadas por el temporal DANA. Sí que asistieron los concejales de vivienda de los ayuntamientos que ceden los suelos para los proyectos y representantes de los departamentos de trabajo, economía social y vivienda de la Generalitat.

Este financiamiento permitirá construir más de 350 nuevas viviendas cooperativas en cesión de uso, una alternativa a la compra y el alquiler que garantiza el derecho a una vivienda accesible y estable a las socias. Para Sostre Cívic, este proyecto supone el primer paso hacia el salto de escala que implicará gestionar, en los próximos dos años, un parque de más de 550 viviendas de las 1.200 viviendas cooperativas que existen actualmente en Cataluña. Una respuesta imprescindible, desde el cooperativismo y con un importante aval internacional, ante la necesidad de vivienda asequible que hay en Cataluña.

Sostre Cívic es una cooperativa sin ánimo de lucro en la que las socias interesadas en entrar a vivir en estos nuevos proyectos lo harán a precio de coste. Cada comunidad deberá aportar solidariamente entre el 8% y el 12% del coste total de la promoción en forma de capital social, que será reembolsable en caso de que alguna socia decida dejar el proyecto. La cooperativa mantendrá la propiedad de las viviendas, y las socias disfrutarán de un derecho de uso permanente con cuotas mensuales entre un 10% y un 40% por debajo del precio de mercado.

Todas las viviendas se construirán siguiendo criterios de alta eficiencia energética e incluirán espacios y servicios compartidos para fomentar la vida en comunidad. Con una certificación energética A, los edificios contarán con paneles fotovoltaicos para autoproducción de energía, sistemas de reciclaje de aguas grises, monitorización del consumo energético y una red de telecomunicaciones compartida. David Guàrdia, co-coordinador de Sostre Cívic, destacó la singularidad de cada proyecto: “Los proyectos de Lleida y Manresa se construirán con sistemas industrializados que permitirán reducir tiempos y costes, minimizando el impacto ambiental y aumentando la calidad de los acabados; los de Granollers y Vilafranca del Penedès se construirán en madera y contarán con vehículos de movilidad eléctrica compartida”. También destacó que los proyectos de Barcelona tendrán un impacto social innovador: el edificio de Sant Andreu será inclusivo, con plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, y en el barrio de Sarrià se construirá ‘Can 70’, el primer edificio cooperativo exclusivo para personas mayores, con servicios compartidos autogestionados para el cuidado de la vejez.

Apoyo público para impulsar el ‘modelo vienés’ en Cataluña

Los proyectos financiados serán siete en total y se ubicarán en suelo público cedido por los ayuntamientos de Barcelona, Lleida, Manresa, Granollers y Vilafranca del Penedès, con el cofinanciamiento de la Generalitat de Catalunya. Además, la mayoría de las promociones contarán con fondos NextGenerationEU gestionados por la Generalitat para la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, según la RESOLUCIÓN TER/1706/2023, de 16 de mayo. Este proyecto pone la primera piedra de un modelo de vivienda cooperativa que aspira a replicar el éxito de ciudades europeas como Viena o los Países Bajos y Dinamarca, donde más del 25% del parque de vivienda está gestionado por cooperativas o entidades sin ánimo de lucro con apoyo público.

Para evidenciar esta colaboración, el acto ha contado con la presencia de diferentes cargos públicos de los ayuntamientos y la Generalitat. A pesar de que la consejera de territorio Sílvia Paneque ha excusado su presencia por la gestión del temporal DANA, ha intervenido Lidia Guillén, secretaria de Vivienda del Gobierno de la Generalitat, que ha saludado “la iniciativa de los ayuntamientos que han apostado por el modelo de cesión de uso, que va más de allá de construir una vivienda y sirve para transformar toda la sociedad donde intervienen también derechos sociales y trabajo”.

Por su parte, María Sigüenza, responsable de país del CEB, destacó que “estamos orgullosos de apoyar este proyecto, ya que invertir en vivienda asequible se alinea con las prioridades del Marco Estratégico 2023-2027 del CEB. A través de este préstamo, nuestro objetivo es contribuir a un futuro en el que todas las personas tengan acceso a un lugar seguro y asequible para vivir, especialmente aquellas que son social y económicamente vulnerables, incluidas las personas con movilidad reducida o discapacidades intelectuales”. El CEB es un banco multilateral de desarrollo cuya misión única es promover la cohesión social en sus 43 Estados miembros en toda Europa. El CEB financia inversiones en sectores sociales, incluyendo educación, salud y vivienda asequible, con un enfoque en las necesidades de las personas vulnerables.

Carlos Alcoba, presidente de la cooperativa, defendió la capacidad y solvencia del cooperativismo para garantizar el derecho a la vivienda, impulsado y gestionado por las mismas socias de manera democrática: “garantizamos que estas viviendas quedarán siempre fuera del mercado especulativo, y los futuros excedentes que podamos obtener se reinvertirán en más viviendas”. Con estas palabras, hizo un llamamiento a las administraciones para que continúen apostando por modelos no especulativos, sin ánimo de lucro y de gestión comunitaria, para ampliar el parque de vivienda social protegida, avanzando hacia estándares europeos.