- Menos negocio para el comercio local. Una tienda de barrio, una librería o una tienda de ropa tienen que asumir gastos que las grandes plataformas digitales no tienen: alquileres, personal, impuestos locales, suministros… Cuando muchas de las compras se desplazan hacia otras plataformas, el comercio local pierde facturación y tiene más dificultades para mantenerse. El resultado es una mayor homogeneización de las calles comerciales y la desaparición progresiva de comercios independientes. Pero las consecuencias no son solo económicas, también afecta la vida comunitaria: menos comercio a menudo implica menos actividad en los barrios, menos relaciones de confianza y menos espacios de encuentro.
- Ocupación: ¿qué puestos de trabajo se crean y cuáles se pierden? Las plataformas digitales generan ocupación, especialmente en logística, reparto y almacenamiento. Pero a menudo se trata de puestos de trabajo con menos valor añadido y más presión laboral que los que desaparecen en sectores como el comercio, la reparación o la producción local. Además, buena parte del valor económico generado por las compras no se queda en el territorio. Cuando compramos en una tienda local, una parte importante del dinero se redistribuye en forma de salarios, proveedores locales o impuestos. Cuando compramos a una gran plataforma internacional, una parte mucho más grande de los beneficios marcha fuera.
- Menos capacidad para reparar y reutilizar. El modelo ultra low cost favorece la sustitución antes de que la reparación. Si un objeto cuesta muy poco, a menudo sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Esto perjudica oficios locales vinculados a la reparación (costura, electrónica, zapatería, carpintería) y contribuye a la pérdida de conocimientos y actividades económicas que alargan la vida útil de los productos, aparte del impacto evidente en la generación y necesaria gestión de los residuos.
- Competencia difícil para las empresas responsables. Las empresas que intentan producir con criterios sociales y ambientales o de comercio justo tienen muchas dificultades para competir con productos vendidos a precios extremadamente bajos. Cuando el factor determinante es solo el precio, las iniciativas locales, cooperativas o sostenibles juegan con desventaja. Esto puede desincentivar modelos empresariales como la economía social y solidaria, que generan ocupación de calidad y reducen impactos ambientales.
La decisión de compra no solo afecta quién fabrica el producto, sino también el modelo económico que reforzamos.
¿Qué podemos hacer como sociedad?
Ante el impacto de las plataformas de ultra low cost, a menudo el debate se centra en qué podemos hacer como consumidoras. Pero las decisiones individuales tienen un recorrido limitado si el mercado continúa premiando los productos más baratos, aunque su coste social o ambiental sea muy elevado.
Desde el Derecho al Consumo Responsable defendemos que todas las personas tendrían que poder tomar decisiones de consumo alineadas con sus valores sin tener que asumir una carga excesiva de tiempo, dinero o información. Para que esto sea posible, hace falta que las administraciones y las empresas también asuman su responsabilidad y establezcan unas reglas del juego más justas.
En los últimos años, varios gobiernos e instituciones han empezado a impulsar medidas para limitar los impactos del ultra low cost y favorecer modelos de producción y consumo más sostenibles.
Medidas que ya se discuten o se están implementando:
- Regular la moda ultra rápida. de la ultra fast fashion. Entre las medidas propuestas hay restricciones a la publicidad, obligaciones de información ambiental y mecanismos para que los productos más contaminantes asuman una parte más grande de los costes que generen.
- Exigir más transparencia. Otra línea de actuación es obligar las empresas a informar con más detalle sobre su cadena de suministro: dónde fabrican, qué proveedores utilizan y qué medidas adoptan para garantizar el respecto a los derechos laborales y ambientales. Una información más accesible permitiría tanto a las administraciones como las personas consumidoras tomar decisiones más informadas.
- Aplicar la responsabilidad ampliada de los productores. O lo que es lo mismo: hacer que quien pone un producto al mercado asuma los impactos. La responsabilidad ampliada del productor es un principio cada vez más presente en la legislación europea. Consiste en hacer que las empresas asuman una parte de los costes ambientales que generan sus productos, especialmente cuando se convierten en residuos. Este modelo incentiva que los productos sean más duraderos, reparables y fáciles de reciclar, en lugar de fomentar la sustitución constante.
- Incorporar los costes ambientales en el precio. Cuando un producto es extraordinariamente barato, a menudo es porque algunos de sus costes no se reflejan en el precio final. La fiscalidad ambiental busca corregir este desequilibrio haciendo que actividades especialmente contaminantes contribuyan a financiar los impactos que generan. El objetivo no es encarecer el consumo por sí mismo, sino evitar que los productos con más impacto ambiental sean, paradójicamente, los más económicos.
- Garantizar el derecho a reparar. Alargar la vida útil de los productos es una de las maneras más efectivas de reducir el consumo de recursos y la generación de residuos. Por eso, la Unión Europea está impulsando el derecho a la reparación, que obliga los fabricantes a facilitar piezas de repuesto, información técnica y servicios de reparación durante más tiempo. Estas medidas también pueden reforzar los oficios locales vinculados a la reparación y reducir la dependencia de un modelo basado en el comprar y tirar.
- Reforzar los controles sobre los productos importados. El enorme volumen de paquetes que llegan diariamente a Europa hace muy difícil comprobar que todos cumplen la normativa sobre seguridad, calidad, derechos laborales o impacto ambiental. Por eso, cada vez hay más iniciativas para reforzar los controles aduaneros, exigir las mismas garantías a los productos importados que a los fabricados dentro de la Unión Europea y evitar que las plataformas compitan aprovechando diferencias regulatorias.
La responsabilidad no puede recaer solo en las personas consumidoras. Consumir es una decisión personal, pero el mercado en el que compramos es una construcción colectiva. Si queremos que las opciones más sostenibles dejen de ser la excepción, no basta con pedir más esfuerzo a las personas consumidoras: también hacen falta normas que garanticen unas condiciones de competencia más justas y protejan tanto los derechos de las personas como los límites del planeta.


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