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Deploran la escasa ambición de la nueva Ley de Residuos

El Congreso acaba de aprobar el proyecto de una ley que fomenta la cultura del “usar y tirar”. La nueva normativa, en la que se basarán las Comunidades Autónomas para elaborar las suyas, no aborda realmente las causas del aumento de la cantidad de residuos ni establece ninguna medida concreta para reducirlos, cuando la reducción […]

6 junio 2011

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El Congreso acaba de aprobar el proyecto de una ley que fomenta la cultura del “usar y tirar”.

La nueva normativa, en la que se basarán las Comunidades Autónomas para elaborar las suyas, no aborda realmente las causas del aumento de la cantidad de residuos ni establece ninguna medida concreta para reducirlos, cuando la reducción debería ser el pilar de toda nueva Ley de residuos en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos.

Con una estrechez de miras preocupante, esta ley fija unos objetivos de reciclaje y reutilización muy limitados, olvidando las ventajas ambientales, económicas y sociales que aporta el reciclado: un reciente estudio de la Unión Europea concluye que se podría crear 500.000 empleos si se reciclara el 70% de la basura municipal.

En cuanto al aprovechamiento de la materia orgánica, tampoco se obliga a recogerla limpia en origen – ni siquiera a grandes productores – ni a tratarla mediante compostaje o digestión anaerobia para producir abonos naturales de buena calidad. La nueva ley tampoco contempla volver al sistema de envases retornables, una solución de probada eficacia para reducir drásticamente la cantidad de envases en circulación.

Por su parte, el lobby del plástico ha conseguido que la distribución gratuita de bolsas de un solo uso pueda seguir hasta el año 2018, con la ridícula excusa de que se van a «incrementar los niveles actuales de reciclado». Desgraciadamente, las bolsas de plástico de un solo uso no se reciclan porque es mucho más barato hacer una bolsa nueva.

Para Ecologistas en Acción, lo más preocupante es el fomento que la nueva ley de Residuos hace de la incineración, una opción cara, que contamina, destruye recursos y dificulta que se implanten programas de reducción y reciclaje.

Queda claro que una vez más, el Gobierno se ha doblegado a las exigencias de la industria más reacia a una gestión ambientalmente responsable de los residuos, en detrimento de los intereses de la sociedad y del medio ambiente.

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