La especulación se ha convertido en uno de los enemigos de la vivienda, culpable en parte de una crisis galopante que castiga a los ciudadanos. Un castigo doble porque han de pagar por unas casas que casi nunca se adaptan a las necesidades de los residentes y que priman la individualización y el aislamiento.

Frente a los modelos tradicionales de alquiler y compraventa está la vivienda colaborativa (cohousing en su terminología inglesa), una forma de acceso que tiene sus raíces en Dinamarca en la década de 1960. En realidad, el funcionamiento es como el de una cooperativa —es la figura jurídica más adecuada, ya que ofrece el marco más garantista de gestión democrática—. Se trata de comunidades diseñadas, promovidas y gestionadas por sus miembros y constituidas por viviendas de uso privativo y espacios comunes para compartir servicios y cuidados.

La clave es que muchos de estos proyectos apuestan por el modelo de vivienda en cesión de uso, lo que en la práctica significa que sus residentes no pueden hacer negocio con ellas. La propietaria permanente de las casas es la cooperativa y esta cede su uso a los socios. Si uno abandona o fallece se le devuelve la cuota inicial que abonó en su día a él o a sus herederos. Quien le reemplace pagará el mismo coste, es decir, no se aplican las revalorizaciones que se hayan podido producir. “No hay división horizontal, se elimina la posibilidad de comerciar con la vivienda y se mantiene al margen de la especulación y de cambios políticos”, afirma Rubén Méndez, de la secretaría técnica del grupo de vivienda cooperativa en cesión de uso en REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria).

Bajo este paraguas hay todo tipo de proyectos, unos asequibles y otros no tanto. Hay unos que estipulan para entrar el pago del 20% de capital (entre 5.000 y 40.000 euros aproximadamente), o incluso menos (en función de si hay financiación y subvenciones públicas). El resto, hasta el 80%, la cooperativa lo puede financiar y es el canon mensual que va a abonar cada socio por el uso de la vivienda y los espacios comunes. Se trata de un modelo más similar al alquiler: los residentes van a pagar entre 300 euros (o incluso menos con ayudas públicas) y 700 euros al mes. En cualquier caso, por debajo de los precios de mercado: como es una autopromoción, “es un 15% o 20% menor”, dice Méndez, que abona 700 euros mensuales desde verano en Ametxe, cooperativa en cesión de uso en Gordexola, Bizkaia. Ve en este modelo una alternativa a la crisis de la vivienda en España al “mejorar el acceso en todos los tramos de renta” y cree que es el modelo referente para el futuro.

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