ONG, sindicatos y ciudadanía nos reunimos hoy en torno a la «Estatua de la Injusticia» para pedir al Gobierno de España y a los Ministros de la Unión Europea legislación que ponga fin de una vez a los abusos empresariales sobre los derechos humanos y el medioambiente.

Esta figura representa la injusticia de la economía global y sobre todo la que sufren las víctimas de abusos corporativos y el silencio por parte de los decisores políticos y las empresas a la hora de prevenir y reparar las vulneraciones sobre los derechos humanos y el medioambiente. No deberíamos quedarnos de brazos cruzados ante casos como el derrumbe de Rana Plaza en el que fallecieron más de 1.130 personas, la mayoría mujeres trabajadoras del sector textil.

Este es un espacio de reflexión sobre las injusticias que ha generado la globalización y sobre la necesidad de tener modelos empresariales más justos y sostenibles. Por lo que vamos a guardar 10 minutos de silencio al final de esta lectura realizando un círculo de silencio alrededor de la estatua.

Pero, ¿POR QUÉ LLAMAMOS LA ATENCIÓN SOBRE ESTA SITUACIÓN?

Las acciones de las empresas en cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las personas y el medioambiente. La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales. 

Las actividades de empresas en todo el mundo han provocado o han contribuido al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, al menoscabo de los derechos sindicales y de los trabajadores, al trabajo forzoso e infantil y  al aumento de la pobreza así como acoso y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente. Las empresas españolas y europeas no son ajenas a estos impactos.

ESTA SITUACIÓN REQUIERE UNA ACCIÓN INMEDIATA

La Unión Europea debe aprobar una legislación que defina las obligaciones de las empresas y que asegure el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales.

Desde la Plataforma de Empresas Responsables denunciamos que los abusos corporativos continúan en cifras alarmantes:

• Solo en el año 2021, 28 millones de personas experimentaron condiciones de trabajo forzoso a nivel global. El 63% en manos del sector privado.
• La explotación laboral prevalece especialmente en los sectores de la agricultura, construcción y textil, pero está presente en toda la cadena productiva en todas las regiones del planeta.
• 6 millones de mujeres están expuestas a la explotación laboral en el sector privado.
• El trabajo infantil sigue a niveles alarmantes: 160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, el 70% en la agricultura.
• La deforestación ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, una superficie prácticamente equivalente a Suecia , siendo la agricultura comercial una de las principales causas.
• 200 personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas en 2021. En América Latina,150 activistas ambientales fueron asesinados, el 40% pertenecían a pueblos indígenas.

Necesitamos leyes que obliguen a las empresas tener en cuenta y evitar los impactos de su actividad, para que estas vulneraciones no tengan lugar.

Actualmente se está negociando en la Unión Europea, la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta legislación es crucial para que las empresas eliminen prácticas que promueven el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la contaminación y la degradación medioambiental

Mañana 15 de septiembre y el viernes 16, se reúnen aquí, en Santiago de Compostela ministros y ministras de finanzas europeos, latinoamericanos y del Caribe.

Nos hemos reunido para interpelar a las ministras y los ministros europeos y pedirles que reconsideren su postura. Francia, por ejemplo, intenta sabotear la directiva apoyando la exclusión del sector financiero. Sin embargo, sabemos que los gigantes del sector financiero financian masivamente proyectos de combustibles fósiles.

Pedimos que las ministras y ministros europeos escuchen a la ciudadanía e impulsen una  directiva ambiciosa y eficaz que forme parte de la solución para una economía y un planeta sostenibles en favor de las personas y del medioambiente.

El papel de las empresas, entidades bancarias e inversores es fundamental en la construcción de una economía global justa y sostenible. La aprobación de esta directiva es de vital importancia para las comunidades de América Latina y el Caribe. Con una notable presencia de inversiones y empresas españolas y europeas en la región y una alta participación, directa o a través de su cadena de valor, en actividades que entrañan riesgos sociales y ambientales como energía, minería o infraestructuras, la región de América Latina y el Caribe es uno de los territorios fuera de la UE en los que esta legislación podría tener un mayor efecto.

Una directiva que obligue de verdad a las empresas a respetar el medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo y que permita el acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas. 

La oportunidad de que se haga justicia está sobre la mesa; avanzar en la dirección correcta a favor de las personas y el planeta es cuestión de voluntad. Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en vuestras manos. La oportunidad de cambio es real y es ahora.