Por Pablo Elorduy para El Salto

Las prácticas abusivas de precios y condiciones de pago que ejercen las grandes cadenas de producción como Carrefour o Dia han merecido un rapapolvo por parte de la Comisión de Agricultura de la UE.

El discurso no llama la atención, pero sí el hecho de que lo enuncie Phil Hogan, el comisario europeo de Agricultura:

“Si los agricultores y ganaderos [literalmente, farmers] no obtienen un precio justo por su trabajo –si no pueden vivir una vida decente– tenemos un problema real. La parte de lo que obtienen agricultores y ganaderos de aquello que los consumidores gastan en alimentación está siendo exprimida, dado el desequilibrio de poder entre los productores y los otros eslabones de la cadena de distribución alimentaria”.

Las palabras de Hogan han sido interpretadas en Bruselas como un ataque a las todopoderosas multinacionales de la distribución. Carrefour, Tesco, Día, Lidl; Mercadona o Eroski en el Estado español. El sector ha sido señalado por la Comisión Europea, que denuncia “represalias comerciales” contra los ganaderos que no asumen los criterios de pago de las grandes cadenas.

La Comisión Europea, partiendo del trabajo de un grupo de expertos, plantea el establecimiento de cláusulas que denuncien las prácticas injustas de comercio, junto a medidas sobre el etiquetado de los alimentos y de establecimiento de plazos máximos de pago a los proveedores. Medidas insuficientes, para las organizaciones, pero que además tienen que ser aceptadas por las grandes cadenas de alimentación.

La eurodiputada de la Izquierda Europea (GUE/NGL), Lídia Senra, valora positivamente el interés de la Comisión de Agricultura por proteger los derechos laborales de los agricultores y ganaderos frente a las grandes cadenas, pero señala que se trata de “hacer cumplir” esas normas y no dejarlas en el vago campo de la voluntariedad.

Para Senra, la Comisión tiene que levantar las trabas a la negociación colectiva: “El campesinado está organizado”, recuerda Senra, quien critica los avances de la Comisión para restar capacidad de decisión a los sindicatos agrarios.

Daniel López, doctor en agroecología, utiliza una expresión del ecologismo social para definir el alcance de estas directivas: «Son medidas de final de tubería». Es decir, que tienen un impacto solo al final de un proceso basado en la concentración del poder de decisión en pocas empresas. Para López, las directivas tienen sentido para hacer «más difíciles situaciones muy abusivas» pero no van a transformar la concentración del sector: «Muy pocas empresas tienen muy claro lo que quieren», señala López.

En el caso Español, cinco empresas concentran casi el 60% de la distribución alimentaria. El modelo, adoptado desde el desarrollismo de los 60, está basado en los mercados centrales (los ‘mercas’ de Madrid, Barcelona, Sevilla, etc), la red de autovías y políticas pensadas para la concentración del sector, señala López, como las de investigación y regadíos. Políticas ligadas a gigantes del sector como Fertiberia –de la que procede la ministra Isabel García Tejerina– y que fueron trasladadas a la Unión Europea por Miguel Arias Cañete, entonces ministro de agricultura, en la negociación de la anterior Política Agraria Común (PAC).

LOBBIES EN BRUSELAS

El poder de las multinacionales de este sector en Bruselas es conocido. En 2011, el Corporate Europe Observatory calculó que hay 151 organizaciones destinadas a favorecer los intereses de las cadenas alimentarias en un negocio de lobby que ese año movió 50 millones de euros. Las plataformas que representan a campesinos y pequeños productores, ONG y consumidores gastaba en Bruselas cuatro veces.

El brindis por el trabajo campesino de la Comisión Europea se produce en plena negociación de la nueva Política Agraria Común, que debería entrar en vigor en 2020. Senra considera que la PAC, que es la política más importante a nivel presupuestario a nivel europeo, “responde solo a los intereses de las grandes multinacionales agroalimentarios y del negocio agroexportador” en lugar de orientarse al mercado interno europeo, lo que garantizaría una mejor distribución de rentas, según Senra.

La propia Comisión reconoce que será difícil que las multinacionales alimentarias acepten revisar sus privilegios para reequilibrar la situación con los productores.

Las cuotas lácteas

44 millones de personas trabajan en 14 millones de explotaciones agrícolas y ganaderas en la UE. En España, el 4,6% de la población activa –6,3% de los varones y 2,6% de las mujeres– se dedica a la agricultura.

El principal impacto sobre el sector en España ha sido el fin de las cuotas lecheras impuesto por la propia Comisión Europea. En Galicia, según La Voz de Galicia, han desaparecido 1.100 explotaciones desde la cancelación de las cuotas en 2015. La Voz de Asturias cifraba en 178 las ganaderías desaparecidas en el Principado desde el fin de las cuotas. Es el síntoma de una tendencia generalizada en todo el continente hacia la concentración ganadera. La Macrogranja de Noviercas provocará el cierre de otras 430 granjas en el entorno de este municipio soriano.