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Las empresas y las entidades de la economía social suelen salir reforzadas de las crisis. La pandemia pone ahora a prueba su flexibilidad y su capacidad de aguante. También da visibilidad a sus soluciones creativas y a su modo distinto de hacer negocios.

17 marzo 2021
Estado español

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Segunda semana de estado de alarma y confinamiento. Finales de marzo de 2020. La operadora de telefonía e internet Eticom-Som Connexió recomienda a su comunidad de socios que desconecte de tanta videoconferencia, de tanta vorágine de series y de tanto enganche a las pantallas. Por economía. Por bienestar emocional. Y, además, le recuerda, «los datos contaminan». En paralelo, las grandes operadoras del sector ofrecen primero gigas extra gratuitos, para terminar pidiendo «un uso racional de Internet durante el horario laboral» para no colapsar la red y que se desplace el uso recreativo de Internet a los ratos de menor tráfico.

Es un botón de muestra de la filosofía de la economía social, un detalle en medio de una pandemia que, con su crudeza, pone a prueba el trazo diferencial y la capacidad de aguante de los que las empresas de este corte suelen hacer gala, y más durante las crisis. En la anterior, la de 2008, la economía social sacó pecho porque resistió mejor que las empresas de capital; en concreto, en ella, el empleo destruido se situó casi ocho puntos porcentuales por detrás del perdido en las empresas convencionales entre finales de 2007 y finales de 2012, como proclamó la exministra Fátima Báñez.

Colectivo heterogéneo

Y ahora, ¿qué está pasando? No es fácil sacar conclusiones. Bajo el paraguas de la economía social, cuya filosofía es poner a las personas primero, coexiste una amalgama de cooperativas, asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción y cofradías. Es un universo de 2,18 millones de personas, según los datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), de 2019.

De esta cifra, 314.119 personas son o bien socias en cooperativas de trabajo asociado o bien asalariadas en esas mismas sociedades. La población ocupada con alguna discapacidad supera los 85.100, más de un millón de agricultores… Ante esta realidad variopinta, las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social se refieren solo a trabajadores cooperativistas, tanto si se incluyen como si se excluyen quienes realizan una actividad en régimen de autónomos, y también a las sociedades laborales.

Retroceso «moderado»

Las últimas cifras disponibles del Ministerio al cierre de esta edición llegan hasta junio de 2020, de modo que reflejan solo tres meses y dos semanas de pandemia. Arrojan un retroceso del 3% en el número total de sociedades cooperativas con relación al primer semestre de 2019. Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, lo califica de «moderado».

En las sociedades de menor tamaño —las más pequeñas y las que tienen hasta medio centenar de ocupados— la estabilidad del empleo se ha mantenido casi intacta. Es en las sociedades de mayor dimensión, sobre todo en las de más de 250 personas, en las que se registra una caída más acusada.

“Lo estamos pasando muy mal, es cierto, pero no estamos cerrando», señala Pedreño, tras recordar que la evolución de la actividad depende mucho del sector. Hostelería y comercio se llevan la peor parte. En general, añade el presidente de CEPES: «las empresas de la economía social tienen un carácter anticíclico, un comportamiento más resiliente que las empresas de capital, debido al compromiso de las personas con su propio proyecto”.

Si se compara, de acuerdo con los datos del Ministerio, cómo ha evolucionado el empleo en cooperativas y cómo lo ha hecho la afiliación a la Seguridad Social, el retroceso interanual en el primer caso (-4,7%) ha sido ligeramente inferior al del segundo caso (-5,25%), excluidos los trabajadores por cuenta propia. Si se incluye el colectivo de autónomos, la destrucción del empleo ha sido igual en ambos casos, del 4,6%.

La caída interanual sí ha sido muy superior (-8,9%) en el caso del empleo en las sociedades laborales. En estas, la mayoría del capital siempre debe ser propiedad de los trabajadores, que le prestan sus servicios con un contrato indefinido. Aunque en minoría, se aceptan socios que solo pongan dinero.

La Encuesta de Población Activa (EPA) arroja datos mucho más duros. Según la última EPA, que corresponde al cuarto trimestre de 2020 y que, por tanto, recoge ya 10 meses y medio de impacto de la pandemia, en España hay 20.100 «miembros de cooperativas». En este caso hablaríamos de un desplome interanual del 12,47%, frente a la caída media de la población ocupada del 3,2%. Es una caída superior incluso a la del colectivo de empleadores por cuenta propia (-10,14%).

Pero la EPA no suele manejarse en el mundo de la economía social, pese a tratarse del termómetro que en España suele tomarle mejor la temperatura al empleo y al paro. Tiene su explicación: la disparidad entre estas estadísticas y algunas realidades del sector. Frente a los 20.100 «miembros de cooperativas» que reconoce la encuesta, solo una cooperativa como Consum ya ha superado, en 2020, los 17.000 trabajadores (más del 90%, socios). Sin contar con el gran referente del cooperativismo que es la Corporación Mondragón, en la que trabajan 81.507 personas (cerca de la mitad son socias).

Preguntado al respecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) precisa que la EPA no pregunta por el tipo de régimen, de modo que el epígrafe «miembros de cooperativas» incluye tanto a autónomos como a cotizantes en el régimen general. Ahora bien, si los miembros de la cooperativa son asalariados de esta, se clasifican como «asalariados del sector privado».

Lo cierto es que, según la EPA, en el cuarto trimestre de 2007 había en España 69.500 «miembros de cooperativas». Y al cierre de 2020, había 20.100, así que seguir la evolución de la economía social es complicado. Y además, para ver la foto con nitidez, hay que esperar.

Menos ajustes de empleo

“Es muy pronto», comenta en este sentido el profesor Eloi Serrano, director de la Cátedra de Economia Social del Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra (UPF). «Sí sabemos que las cooperativas sufren los mismos problemas que el resto de empresas, que la patología del enfermo puede ser la misma: problemas de liquidez, desplome de las ventas… Y que donde radica la diferencia es en el modo de afrontar la enfermedad: la propensión de las cooperativas a reestructurar la empresa es menor. Claro que recurren a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), pero no los usan para realizar regulaciones de empleo”.

mpacto de la pandemia difundido a finales de 2020* apunta que, al margen de las medidas propias, el ERTE ha sido la figura más utilizada, “aunque también se han realizado ajustes en la jornada laboral del personal”. La digitalización y el teletrabajo, así como la redistribución de espacios, han sido las medidas más implantadas.

Redes de apoyo mutuo

La red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) también preguntó a sus organizaciones. De las 255 que en su balance social respondieron sobre las medidas laborales adoptadas durante el confinamiento, el teletrabajo fue mencionado en el 84% de las veces. Le siguen, con el 35% de respuestas, los ERTE, así como las reducciones de jornadas (24%), las bolsas de horas (12%), las vacaciones pactadas (6%) y los permisos remunerados y la movilidad interna. Solo el 3% de mencionó la palabra «despidos».

«En la economía social, despedir es siempre la última opción», remacha Blanca Crespo, miembro de REAS y quien pone en valor cómo se han tejido redes de apoyo mutuo. Entre otras iniciativas, se refiere al Fondo Cooperativo para la Emergencia Social y Sanitaria, canalizados a través de la Fundación Goteo, y al que un amplio grupo de entidades de la economía social y solidaria aportó recursos tanto para paliar situaciones de emergencia como para reforzar empresas a medio y largo plazo.

«Es destacable el papel que han tenido los ERTE y la financiación garantizada con avales públicos para contener los despidos y los cierres de empresas», puntualiza José Vidal García, director de la madrileña FECOMA. «Pero, además, las empresas de economía social han contribuido a la sociedad en sus territorios de forma extraordinaria, con medidas de conciliación laboral, ayuda mutua entre socios y trabajadores, apoyo económico a los más necesitados y distribución de mascarillas», apostilla.

Balance dispar

El frenesí de los inicios fue notable. Pero ahora ha transcurrido un año y la actividad en múltiples sectores languidece, cuando no sigue al ralentí. El Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) constata que el resultado depende del sector. «El primario incluso gana empleos, con sus consecuencias», apunta.

La citada cooperativa Consum informó el pasado enero de que, desde que se inició la crisis sanitaria, ha contratado a 6.149 personas y ha realizado 2.873 ampliaciones de jornada.

n otras áreas de actividad relacionadas con la atención a las personas, el empleo tampoco se ha resentido. Un portavoz de Suara apunta que no ha tenido que aprobar en asamblea ninguna medida extraordinaria. «Ni ajustes ni rebajas de sueldos», señala. Sí ha puesto en marcha un plan de acompañamiento en situaciones de duelo para dar herramientas al personal como los grupos de escucha, la atención psicológica y la psicoterapia.

La pandemia se ha vivido de forma distinta en Abacus. «Ser una cooperativa no te garantiza los ingresos. Ha sido muy duro. Tenemos 48 establecimientos y la mayoría, de más de 400 metros cuadrados. Nos han cerrado y está siendo difícil planificar. Y, aunque se ha acelerado nuestro negocio online, que ya existía, algo así no puede compensarse», explica su presidenta, Maravillas Rojo.

Esta cooperativa, que vende productos y servicios culturales y educativos, además de juguetes, y del que forman parte 560 personas socias trabajadoras y 960.000 socias consumidoras, vive —como tantas otras— dos contradicciones. La primera, necesitar reubicar internamente a la gente que no puede trabajar y, a la vez, requerir perfiles de los que no se dispone y que no se forman en pocos días. La segunda, enfrentarse al dilema de dónde aplicar la tijera de los gastos cuando bajan los ingresos.Se puede destinar los recursos escasos a pagar a la gente lo que le corresponde o invertir en construir futuro, por ejemplo, en tecnología. «Dejar de cobrar anticipos extraordinarios [paga extra] puede asumirse de forma colectiva y transparente. Eso no significa que se entienda fácilmente», añade Rojo.

ES Marcos de Castro  subraya en positivo el cambio de chip que supone el cooperativismo: «Esto rompe con la inercia cultural de pasividad de la empresa tradicional, que consiste en que a cada trabajador le den el sueldo a fin de mes y punto. Eso nos da una fuerza y una imaginación colectiva mayor».

El gran riesgo, alerta De Castro, es que cuando las cosas van viento en popa nadie se preocupe por comprender las cuentas y el balance. El reto de sensibilizar  a las personas socias para que se impliquen y participen en la toma de decisiones, y de que comprendan que eso genera un estilo de autoridad y un proceso de decisiones distinto, está ahí. Lo mismo que el sentido de pertenencia o la búsqueda de la sostenibilidad a largo plazo, en lugar del cortoplacismo  del beneficio inmediato.

«Más que una mayor capacidad de resistencia, en las cooperativas veo una mayor voluntad de resistencia», matiza el profesor Serrano, quien no da por descontado que el efecto refugio del factor cooperativa típico de otras crisis vaya necesariamente a darse en esta, visto su origen exógeno (un virus). Mucho dependerá de lo que dure la pandemia.

La cuestión no es solo resistir. Y menos cuando hay fondos europeos en el horizonte. El mencionado estudio de COCETA apunta que las cooperativas ven también oportunidades de negocio en el horizonte ligadas a la pandemia: a corto, en la producción de material sanitario, la atención a las personas o algunos perfiles tecnológicos; a medio, relacionados con la sostenibilidad y la digitalización.

Por ahora, 18 gobiernos de la UE han suscrito la Declaración de Toledo, lo que supone apoyar el modelo de desarrollo económico, social y medioambiental encarnado por la economía social y solidaria. En el encuentro en el que se aprobó, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo: «Queremos que el potencial de cohesión y solidaridad tenga un papel determinante en las reconstrucción de Europa”.

Pronto se verá si es así.

 

Fuente: Alternativas Económicas

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