La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) presenta el informe de situación sobre el Comercio Justo en la contratación pública de las administraciones de Aragón. Este informe ha sido elaborado en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.

La reforma de la Ley de contratos del sector público 9/2017 ha supuesto para las administraciones públicas y empresas licitadoras un más que importante cambio a la hora de acometer procesos de licitación públicos, situando el Comercio Justo en un punto primordial en la contratación pública estatal, permitiendo que las administraciones públicas estén amparadas por la norma para actuar en beneficio de este comercio, otorgándole el reconocimiento legal necesario para poder avanzar en la búsqueda de un consumo más igualitario, sostenible y responsable.

El Comercio Justo enlaza directamente y de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una agenda de desarrollo sostenible, destacando su gran valor como herramienta de cooperación para el desarrollo.

Los productos de Comercio Justo, en su gran mayoría, no entran en conflicto con los productos locales ya que son productos que en el Estado español no se producen. Actualmente ya son una nueva oportunidad de negocio para empresas aragonesas que se dedican a distribuirlos.

En el informe se facilitan datos de las distintas administraciones dependientes del territorio, que son las siguientes: Departamentos, Organismos Autónomos (Servicio Aragonés de Salud entre otros), Consorcios, Entidades de Derecho Público, Fundaciones y Empresas Públicas.

El ámbito temporal del estudio comprende todos aquellos contratos públicos efectuados entre los años 2012 y 2017.

Resultados de la investigación 

En total se han detectado nueve pliegos de licitaciones públicas de administraciones dependientes del territorio que incluyen cláusulas de Comercio Justo. Concretamente, entre los Departamentos del Gobierno de Aragón se han detectado cuatro licitaciones, correspondientes a los años 2012, 2013, 2016 y 2017.

En cuanto a los Organismos Autónomos (que comprenden el Servicio Aragonés de Salud, y los Institutos Aragoneses de Servicios Sociales, Empleo, Juventud, Mujer y Enseñanzas artísticas) se han registrado un total de cuatro pliegos, dos en el año 2012, uno en el año 2014 y otro en el año 2016. Por último, en cuanto a las Entidades de Derecho Público, se ha detectado un pliego correspondiente al año 2013.

Conclusiones

“Tenemos que ser conscientes del gran impacto, social y económico que la contratación pública de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón ejerce en la economía”, afirman desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

En su opinión, “las problemáticas sociales y ambientales actuales necesitan respuestas coherentes y de impacto que permitan solucionarlas; dichas acciones deben ser emprendidas tanto a nivel individual como colectivo al objeto de transformar nuestro modelo de desarrollo, ajustándolo a las posibilidades ecológicas de la Tierra y permitiendo el bienestar tanto de las presentes como de las futuras generaciones”.

“Para alcanzar estas metas -añaden-, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Las administraciones públicas aragonesas deben dar respuesta a un cambio en el consumo para un desarrollo sostenible global como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Por último, consideran desde la FAS que existe “una gran posibilidad de crecimiento para poder incluir productos de comercio justo en las licitaciones de las Administraciones dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

En este enlace se encuentra el informe completo.