El pacto pendiente del bienestar social

[Elecciones 1-M] Expertos y profesionales destacan que la ley de Servicios Sociales es buena, pero sigue pendiente todo su desarrollo. [Pedro Gorospe] Los servicios sociales vascos han logrado basar su proyecto sobre la búsqueda de acuerdos, un logro casi excepcional en una comunidad en que las diferencias y los enfrentamientos lo impregnan casi todo desde hace al menos una década. La ley de Servicios Sociales fue aprobada en diciembre pasado con el apoyo del tripartito y los socialistas. EHAK presentó una enmienda a la totalidad; el PP se mostró contrario, pero sólo en materia de financiación e inspección, y Aralar se abstuvo. Falta de su desarrollo reglamentario posterior, en un sector además en que las competencias están dispersas entre ayuntamientos, diputaciones y el propio Gobierno, la ley sólo representa un buen documento de partida.

Profesionales, expertos y voluntarios que trabajan en este sector recalcan que todavía falta por conseguir el gran pacto sobre el bienestar social que transforme el derecho subjetivo de acceder al sistema público de servicios sociales en una oferta de calidad al ciudadano. Tal pacto debería, además, ordenar la caótica situación laboral de miles de trabajadores precarios y mileuristas que atienden a la parte más vulnerable de la sociedad. «Los cimientos del sistema ya están puestos. Ahora queda el reto de desarrollar la ley con una reordenación cualitativa de los servicios sociales hasta convertirlos en un pilar del Estado del Bienestar, como la Educación o la Sanidad», explica Fernando Fantova, consultor especializado desde hace años en este sector.

Supone un trabajo enorme, teniendo en cuenta que el sector ha crecido prácticamente por agregación durante los últimos veinte años, con cierto desorden y muchas dosis de voluntarismo. Además, ha logrado una dimensión considerable y crece a un ritmo del 15% anual, convirtiéndose en un motor presente y futuro de desarrollo.

Desde 1994, la cobertura de plazas residenciales se ha multiplicado por 1,6 y las de asistencia domiciliaria, por 3,3. La cobertura de los centros de atención diurna casi se ha quintuplicado entre 1988 y 2006. El impacto del gasto en servicios sociales en el PIB ha pasado del 1% al 2,4% en ese mismo periodo. El 70% de ese incremento se ha producido desde el año 2000. Un total de 33.824 unidades familiares cobran la Renta Básica y otras 26.094 perciben las ayudas de emergencia social. Todas ellas están consideradas en situación o riesgo de pobreza o exclusión. El sector ocupa a unas 23.000 personas, frente a las 6.000 de hace veinte años. Toda una explosión.

El propio desarrollo social, con la prolongación de la esperanza de vida y los cambios en la estructura familiar y en los hábitos ciudadanos que ha traído consigo han sido los que han motivado este intenso crecimiento de necesidades y los que, si no se ordenan los recursos, pueden afectar seriamente al propio Estado del Bienestar.

Ante el aumento de la demanda y de las necesidades, los expertos estiman que es necesario afrontar varios retos para que la universalización de la asistencia social que consagra la ley sea una realidad. «El primer reto a partir de ahora es pactar un catálogo de prestaciones y fijar la cartera de servicios con un decreto que transforme el derecho subjetivo que plantea la ley en un listado objetivo», destaca Fantova.

La ley de Servicios Sociales, pero sobre todo su reglamento, tienen que transformar un sistema que ha crecido hasta ahora casi sobre la beneficencia en otro nuevo construido sobre el derecho de los ciudadanos a recibir apoyos y servicios y sobre la responsabilidad pública para la cobertura de esas necesidades.

«Los servicios sociales tienen que dejar de ser vistos como algo casi vergonzoso a los que se acude en situaciones de fracaso social. Deben evolucionar hacia un servicio al que tarde o temprano vamos a tener que acudir todos, como cuando vamos a estudiar, o al médico», asegura un profesional de la asistencia a domicilio.

El segundo gran reto pendiente para la próxima legislatura pasa por normalizar las relaciones con el sector privado y articular las herramientas previstas para ello, como la creación de un Observatorio de los Servicios Sociales, un sistema único de información centralizada y transparente de los recursos, y la creación de la alta inspección.

Para garantizar la provisión de servicios, la ley establece que las administraciones públicas podrán articular formas de gestión con la iniciativa privada, como la concertación (prestación de servicios privados con dinero público sostenidos en el tiempo), convenios de colaboración o contratos de gestión.

Fruto de la tardanza de la ley es que el bienestar social se halla, en buena medida, subcontratado. La precariedad del empleo se sitúa en torno al 50%, y el sueldo medio no llega a los mil euros. Existe un volumen mayoritario de contratos en la ayuda a domicilio de apenas un mes de duración, que cotizan por el tiempo de servicio, pero no tienen en cuenta los desplazamientos, que pueden llegar a suponer un 30% del tiempo total.

Al acabar cada mes, el empleado se queda sin derecho a vacaciones, ni antigüedad, ni derechos consolidados. La mayoría de empresas que prestan este tipo de servicios son privadas concertadas con las diputaciones, aunque quienes pagan finalmente son los ayuntamientos.

Los sindicatos creen que parte del pacto pendiente pasa por regular esta situación, más cuando la propia ley prioriza los servicios personales frente a la prestaciones económicas. Tanto unos como otras tendrán carácter universal y consistirán en medidas técnicas como información, valoración, diagnóstico, orientación, atención doméstica y personal, y acompañamiento social, pero remarcando esa primacía de la asistencia.

Uno de los principales problemas para abordar un gran acuerdo que desarrolle la ley es el reparto de competencias, y el hecho de que todavía no esté aprobada la ley Municipal. Prácticamente todos los grupos coinciden en que los servicios sociales de base municipales necesitan ampliarse, porque «generan cuellos de botella» ante la creciente demanda. Sin embargo, sin un marco legal de referencia que establezca con claridad las competencias «estamos frenando el desarrollo», coinciden socialistas, peneuvistas y PP con ligeros matices entre ellos.

Y, sobre todo, cuando la propia ley configura el sistema como una red diseñada para prevenir y constatar situaciones de dependencia, desprotección o emergencia, y atender las necesidades sociales derivadas de ellas. Todos los consultados coinciden en que es una gran ley, pero recuerdan la vieja sentencia: «Haga usted la ley, que ya me encargaré yo del reglamento».

Regular el copago

Fernando Fantova cree que regular y definir el copago es otra de las tareas pendientes para la próxima legislatura. El copago es uno de los aspectos que más polémica generó durante el debate de la ley de Servicios Sociales, que establece que los ciudadanos van a tener que pagar una parte de los servicios sociales que requieran.

Es un recurso al que se llega tras comprobar que los fondos necesarios para hacer realidad el modelo que diseña la ley son muchos, y se requiere de un esfuerzo público muy grande, pero también de los usuarios, en determinadas circunstancias, para mantener el sistema.

El caso es que está todavía por precisar cómo se financia el sistema. Hasta ahora, el 71% de los costes los asume la Administración pública, otro 15% empresas y entidades sin ánimo de lucro, y hay un 14,40% que ya están financiado los propios usuarios como complemento al gasto público. La mayor parte del copago se hace para completar el coste de las plazas en residencias de ancianos.

Es decir, sólo en el subsector de las residencias, el copago supondría casi el 40% de la financiación, pero extendido al total del sistema se queda situado en un 14,40%.

Sólo el año pasado el coste de los servicios sociales en Euskadi se acercó a los 2.000 millones de euros, con lo que el copago ascendió a unos 300 millones, una cantidad similar a la que aportaron empresas sin ánimo de lucro y diversas sociedades privadas.

En cuanto al copago, la ley excluye que se utilice la primera vivienda para ese fin, salvo que la casa sea lujosa y tenga un valor excepcional. En cualquier caso, la ley remite al reglamento todavía por desarrollar para establecer esas cargas.

Joseba Zalakain, del Centro de Documentación y estudios SIIS, explica en una reciente publicación sobre los servicios sociales que «obtener los recursos adicionales» para hacer un sistema de calidad «exige alcanzar un gran acuerdo social, un pacto de país por el cual todos los agentes implicados -institucionales, sociales, empresariales y también la ciudadanía en su conjunto- asuman los deberes y responsabilidades que toda ampliación de derechos lleva implícita».

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