Algo así como “es el mercado, amigo” debieron sentir en sus tripas Jara y Jaime, ambos trabajadores, en sus treintaicinco, padres de Darío y Maya, vecinos de Lavapiés desde hace más de una década, cuando conocieron el mes pasado que iban a ser desalojados de su hogar en Tribulete 7. Su edificio ha sido vendido a un fondo buitre, la socimi Élix Rental Housing, cuya glamourosa página web y sede en Serrano contrasta con las inquietantes e intimidatorias tácticas de contacto y mediación que sus emisarios han tenido con los vecinos del inmueble. El objetivo es que abandonen el edificio lo antes posible, sin hacer ruido y que cueste económicamente lo menos posible.

La historia de Tribulete 7 es la historia de 54 familias que van a ser literalmente echadas de sus casas como haga falta. Y también es el relato de cada vez más y más inmuebles en las principales ciudades del país. Después, llegará una reforma integral y muy probablemente un edificio convertido en apartamentos turísticos, con una rentabilidad considerablemente mayor. Es el mercado, amigo.

Seis de cada 10 familias tienen hoy problemas relacionados con la vivienda. Piense en usted mismo y su relación con la compra, venta o alquiler de vivienda en la última década, ya sea usted el que compraba o el que vendía, el inquilino o el propietario. Es más que probable que no recuerde la experiencia con mucho cariño. Buscar casa de alquiler genera ansiedad a unos niveles estratosféricos; ser propietario y encontrar un inquilino, el miedo constante y alimentado por los medios de que un día dejen de pagarte y no se marchen.

Las empresas que operan en el mercado inmobiliario, ya sean promotoras, constructoras, inmobiliarias o las nuevas empresas de alquiler seguro o renta garantizada, no parece que mejoren la experiencia del cliente. Salvando algunos casos aislados, tener que relacionarse con el sector es sinónimo de tensión y frustración. Lamentablemente, no hay encuesta de satisfacción que rellenar al término del servicio. Ya saben por qué.

Los números confirman la percepción. Desde 2016 el alquiler ha subido de media un 41%. En las grandes ciudades, el porcentaje de ingresos de una persona destinados a alquilar se sitúa muy por encima del 30% recomendado como máximo, alcanzando el 44% en Barcelona, el 39% en Valencia o el 37% en Madrid. Vivir en la ciudad asfixia la calidad de vida. Pues váyase al campo, oiga. En las zonas rurales la situación no es mejor; la ausencia de parque de alquiler es uno de los lastres más preocupantes de la España vaciada. Cada vez son más las comarcas en las que se da la paradoja de puestos de trabajo no cubiertos por la ausencia de vivienda para albergar a nuevos pobladores que los ocupen.

En las zonas rurales la situación no es mejor que en las ciudades; la ausencia de parque de alquiler es uno de los lastres más preocupantes de la España vaciada.

A pesar de todo esto, las vehementes normas del libre mercado no consiguen sacar a la oferta los 3,4 millones de viviendas vacías que existen en España, aun cuando el 40% de ellas, un millón y medio, se encuentre en ciudades de más de 50.000 habitantes, más atractivas y con demanda. Qué contradictorio. Quizás el mercado no valga para todo.

La vivienda es diferente, amigo. A diferencia de la air fryer, ya en su día el mismo Aristóteles hablaba del hogar como un espacio fundamental para la formación y la virtud de la familia. La casa es el nido que sustenta la unidad familiar, la base de la sociedad. Sin casa, pues, no hay estabilidad social. La Constitución española de 1978 así lo reconoce en su artículo 47, elevándolo a derecho, y cito: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Vaya vaya, parece que la carta magna, tan defendida por derecha y liberales, impone al Estado de manera explícita asumir la vivienda como su responsabilidad.

Como hemos visto, hay razones de sobra como para que la política actúe con decisión para  cambiar el rumbo de un problema tan grave como este. Pero, entonces ¿por qué no se aborda decididamente por ningún partido político? Las razones son numerosas, pero podemos nombrar las tres principales: la primera es que la banca aún debe gran parte de sus beneficios a las las hipotecas que coloca. Aumentar el parque de vivienda protegida es entrar a quitarle negocio a la banca, el sector empresarial más poderoso del país.

En segundo lugar, porque la casa ha sido culturalmente entendida por la sociedad española como el valor refugio del trabajo de una vida entera. El 60% de los españoles son propietarios y su única casa es su seguridad ante inclemencias futuras. Aumentar el parque público de vivienda es reducir el grosor de ese colchón, y no hace gracia. Este aspecto, aparentemente insignificante, ha hecho que aquí la clase media sea mucho más conservadora e inmovilista que en otras sociedades de países cercanos y similares, donde el porcentaje de alquiler es más elevado.

Por último y en tercer lugar, la democracia y sus plazos no le sientan bien a la vivienda pública, que requiere de otro tipo de tiempos para abordarse correctamente. Durante los últimos 40 años tanto PP como PSOE han gobernado España reduciendo sistemáticamente el parque de vivienda social, que representa ya solo el 1,6% del total, cuando el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15%. Los prontos de Pedro Sanchez en 2023 anunciando un Plan Marshall de vivienda suenan realmente ridículos tras décadas de ausencia de estrategias creíbles, de largo plazo y con presupuestos de relevancia para abordar este problema.

La nefasta gestión de la vivienda pública es la causa de gran parte de las externalidades negativas que generamos actualmente como sociedad. Su gestión influye positiva o negativamente en la vulnerabilidad de las familias españolas, la deshumanización de nuestros barrios y ciudades, la profundización de la España vaciada, en la juventud y su futuro, e incluso en el cambio climático -a través de los planes de reforma y adaptación del parque actual-.

La nueva ley de vivienda aprobada el año pasado es un avance, pues regula el precio de las famosas zonas tensionadas pero, para ello, la administración local debe solicitarlo primero. El Partido Popular, que gobierna el 40% de los ayuntamientos del país y la mayoría de las principales capitales, ya ha dicho que está en contra y no va a solicitar ninguna, haciendo oídos sordos y sin ofrecer alternativa alguna. Desde luego, esto no es eficaz para solucionar los problemas de las personas. ¿Qué más hace falta para un plan nacional, integral, ambicioso y coherente en materia de vivienda? Un plan que se acompañe de leyes decididas y recursos suficientes, que repiense las recetas clásicas -vivienda social, sí, pero bien planteada y no oportunista-, y que permita caminos de innovación pública valiente y colaboración público-privada, siempre orientada al servicio de las personas moradoras y no de inversores.

Probablemente, Jara y Jaime ya hayan aceptado que su futuro se encuentra lejos de su barrio. Qué paradoja la suya. Les ha cambiado la vida una operación inmobiliaria tristemente al amparo de la nueva ley de vivienda. Una operación liderada por personas que no se han tomado una caña en Lavapiés en su vida, apoyada por inversores que no sabrían situar a la ciudad de Madrid en un mapa, pero que sin embargo están transformando radicalmente el barrio y la vida de las gentes que lo levantan cada mañana. Es el mercado, amigo.