En Argentina, la crisis habitacional es sistémica y estructural, pero se agudizó desde los 70, donde fuertes procesos de expulsión y desplazamiento de poblaciones de su cuidad capital, Buenos Aires, derivaron en una enorme cantidad de familias de sectores populares empujados a la toma de inmuebles vacíos, de hoteles pensión o antiguos conventillos, para resolver su situación de emergencia habitacional. En este trayecto, el intercambio de ideas y saberes con países hermanos, especialmente con Uruguay, el cual ya cuenta con un parque habitacional significativo de producción autogestionaria por ayuda mutua, comenzó a gestar un colectivo de organizaciones que reclamaban una ley promotora del cooperativismo autogestionario para la producción de vivienda.

A partir de un escenario habilitante en la Ciudad de Buenos Aires, tras su autonomización y la sanción de una nueva constitución, estas organizaciones lograron la aprobación de la Ley 341 en el año 2000, la cual crea, a nivel local, el Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV). Mediante un crédito a tasa subsidiada, se facilita el acceso a la vivienda a hogares de escasos recursos en situación de emergencia habitacional para el impulso de procesos autogestionarios de producción de vivienda, colocando en manos de cooperativas la administración de los recursos financieros públicos y las decisiones constructivas. El crédito financia la compra del suelo, la construcción del edificio y la contratación de un equipo técnico interdisciplinario que acompaña a la cooperativa en todo el proceso.

En la actualidad hay en la ciudad un banco de 110 inmuebles comprados en plena centralidad urbana, 45 cooperativas que ya finalizaron obra y casi 1300 familias habitando de manera colectiva sus complejos habitacionales [Ver Catálogo de experiencias]. Si bien, tras más de 20 años de implementación del Programa, sus resultados cuantitativos parecen escasos, si se compara con el rendimiento de otros programas habitacionales ejecutados a nivel local, el PAV es uno de los que mejor performance tuvo (¡en una ciudad totalmente financiarizada!).

Al margen de los cuantitativo, el PAV se destaca por sus resultados cualitativos y por su capacidad de poner en cuestión a la tradicional forma de producción de vivienda social de los países latinoamericanos: la “llave en mano”. Las organizaciones lograron la construcción de viviendas a un costo de obra 40% menor que lo que construye el gobierno local, pero en mejores localizaciones, insertos en la trama urbana (con infraestructura social y urbana) y a la carta (es decir, para un conjunto de familias pre-asignadas, lo que permitió el diseño de viviendas a medida y a gusto) [Ver aquí].

El programa consolidó colectivos de vecinos que conviven, mantienen el edificio y ejercen el acceso al derecho a la belleza para los sectores populares. Es decir, la producción autogestionaria de hábitat no sólo logró el acceso a un derecho clave para la reproducción de vida de una familia: una vivienda; sino que también habilitó el acceso a la ciudad (pensando a la ciudad como un espacio de co-creación).

Sin embargo, lo más interesante de esta experiencia es que, del colectivo de organizaciones beneficiarias de la Ley 341, emergió un subgrupo de organizaciones que disputan el espacio urbano conquistado como una estrategia de reapropiación de un común urbano frente al sistema capitalista. En el convivir de la vida cotidiana generan estrategias de cooperación y comunitarización de sus vidas que impactan en transformaciones subjetivas de los integrantes de estos colectivos. Estas disputas de la vida cotidiana configuran grandes mojones para la construcción de otro tipo de ciudades: más sociales y culturalmente diversas, políticamente democráticas y económicamente equitativas. [Recomendamos una serie de cortos que ilustran la convivencia recuperando la voz de la/os protagonistas].

Pero esta experiencia también se plantea desafíos. A principios de mayo de este año, organizaciones del PAV y otras ansiosas por tener la misma oportunidad en el resto del país, agrupadas en el Colectivo de Hábitat Popular, presentaron por tercera vez el Proyecto de Ley de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular en el Congreso Nacional. Proyectan una nacionalización de la Ley 341 en busca de profundizar el componente autogestionario, pero también de expandir este modelo productivo al resto del país.

Sobre estas experiencias profundizaremos en la sesión del eje 4 “Recuperar la vivienda como plataforma de intercooperación” en el XV Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria – IDEARIA 2022, que tendrá lugar en Madrid el sábado 18 de junio 2022 de 9:30h a 13:30h.

*María Cecilia Zapata es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús y Quilmes, en Argentina